Resumen y
Propuestas del Informe:
A lo largo del VII Informe FOESSA, y de los
más de 50 trabajos de investigación realizados dentro de este proyecto se
presentan propuestas concretas referidas a cada uno de los
ámbitos abordados. Si bien, estas propuestas son plurales y diversas,
propias de cada autor, la Fundación FOESSA recoge la preocupación de fondo
que revelan dichos trabajos y del porqué de sus propuestas. Desde esta
multiplicidad de aportaciones, la visión integradora del Comité Técnico y
del Consejo Científico (órganos de los que la Fundación se ha dotado para la
elaboración de este Informe) quiere ofrecer una síntesis de aquellos aspectos
prioritarios y comunes que han de tenerse en cuenta para construir un
nuevo modelo social.
Un elemento enriquecedor
que queremos considerar es la aportación que hace Cáritas en este sentido. Su presencia cotidiana y cercana a la
realidad de las personas ofrece una información veraz e independiente de
la situación de exclusión social en nuestro país, que complementa
los datos que aparecen en este Informe y avala las conclusiones de la
Encuesta sobre integración y necesidades sociales de la Fundación FOESSA.
Además, su acción y su compromiso son, sin duda alguna, señas de identidad
que ponen de relevancia (con nombres e historias concretas) el
constante trabajo realizado para conocer y transformar esta realidad hacia
una sociedad más justa y accesible para todas las personas.
Ya en el VI Informe publicado en 2008 quedó constancia de que, en
función de los indicadores de crecimiento económico elegidos, obtendríamos
una imagen parcial (o incluso distorsionada) de la sociedad.
Acercarnos a la realidad social, únicamente a través de indicadores
ajenos a las personas nos lleva además, a desentendernos de quienes
más sufren. A ocultar e invisibilizar (y en ocasiones incluso a
culpabilizar) a los más desfavorecidos. Pero la sociedad no puede crecer
sin las personas. El verdadero desarrollo se construye dando prioridad
a la vida digna de todos, pero las cifras actuales de desigualdad,
pobreza, privación material y exclusión social están configurando un
devenir social que excluye a muchos. Por este motivo, proponemos:
• Considerar los indicadores de desigualdad, pobreza, exclusión social y privación material como indicadores privilegiados a efectos de elaborar un diagnóstico riguroso de desarrollo social.
• Evaluar la acción
política, teniendo en cuenta el impacto sobre estos indicadores, prestando
especial atención a aquellas políticas que contribuyen al auténtico
desarrollo: sanidad, educación, empleo, redistribución de la riqueza, garantía
de ingresos (pensiones, rentas mínimas),...
La pobreza y la exclusión social son fenómenos estructurales. Hemos
constatado que no se deben exclusivamente a la crisis aunque con esta se
hayan acentuado sus consecuencias), sino que nos acompañaban incluso
en épocas de crecimiento económico.
El carácter estructural requiere por tanto la puesta en marcha de
políticas redistributivas concretas:
·
Conseguir que la protección social alcance estándares básicos en todo
el territorio y que se haga operativa a través de un sistema de
«garantía de mínimos».
·
Desarrollar una protección social desde el fortalecimiento de los
servicios sociales públicos, que facilite la promoción y el
empoderamiento de las personas, para que no quede reducida a la
gestión de las prestaciones económicas.
Para la puesta en marcha de medidas eficaces,
realmente transformadoras, se requiere de la existencia de mecanismos
que garanticen la sostenibilidad de estas iniciativas. Por tanto existe la
necesidad de:
·
Construir un compromiso redistributivo ético que nos acerque a la
media europea. Los impuestos no pueden quedar al margen de
la obligada y necesaria cohesión social, ni se puede poner en peligro
la suficiencia de recursos para asumir los riesgos colectivos. No es
posible mantener un sistema de servicios públicos equitativo y de
calidad sin la aportación de todos los ciudadanos al mismo, a través de
los impuestos, cada uno en función de sus ingresos y su patrimonio.
Necesitamos mejorar nuestra pedagogía fiscal para romper la
contradicción de valorar muy positivamente la universalidad de
nuestro sistema de bienestar y, por otro lado, querer pagar cada vez menos
impuestos.
Consideramos que el bien común debe ser provechoso para todos, salvo
que por razón de justicia y equidad haya de favorecer a los más débiles,
por ser los principales destinatarios de un proceso estructuralque les
arrincona. Para ello partimos de dos premisas como referencia:
·
Construir una sociedad basada en derechos universales y no en
privilegios individuales.
·
Priorizar a aquellos que están en una situación de mayor
vulnerabilidad, tanto en España como fuera de nuestras fronteras.
La propuesta actual de contrato social apoya a aquellos a los que «les
va bien», bajo el supuesto (que se ha demostrado fallido), de que esto genera
un efecto contagio que termina por mejorar también las condiciones de vida
de los más vulnerables. Pero queda demostrado que esta lógica está creando
estructuras de desigualdad y pobreza. Por ello, este nuevo contrato social se
asienta sobre diferentes aspectos:
·
Es un contrato redistributivo basado en derechos,lo que implica superar la
discrecionalidad del asistencialismo y asumir la cohesión social como
principio fundamental.
·
Conlleva la necesidad de una mayor coordinación entre instituciones,
administraciones y territorios, que debe racionalizar las
ineficiencias del sistema y que debe ser dotado de
recursos adecuados.
·
Es un contrato intergeneracional en el que los jóvenes asumen un papel
activo participante y en plenitud en la sociedad.
·
Es un contrato de regeneración institucional y de regeneración social
pues se trata de que contribuyamos a asumir los riesgos
colectivamente, con responsabilidad de todos.
·
En este nuevo contexto, es necesario un mayor papel de la sociedad
civil que conllevará un fortalecimiento de «lo público».
Ambos espacios se complementan y se configuran como constructores del
bien común desde los principios de la solidaridad y la subsidiariedad.
Así, proponemos:
·
Considerar el gasto social como «inversión social», priorizando
aquellos ámbitos que son más correctores en érminos de
desigualdad (inversión en sanidad y en educación, en pensiones y
rentas mínimas).
·
Eliminar la sobrecarga que recae sobre los hogares, tanto por el
debilitamiento de los servicios públicos, como por el impacto de la
crisis.
·
Implementar políticas familiares eficaces y con recursos suficientes
que contrarresten, entre otras cosas, el riesgo actual que conlleva la
presencia de menores en el hogar.
·
En concreto, la puesta en marcha de una política eficaz que evite la
transmisión intergeneracional de la pobreza que es uno de los
peligros latentes en el presente y de especial gravedad para el
futuro.
Consideramos que no es cierto (ni asumible) que no se pueda hacer nada más
que lo que se está haciendo. Son muchas las personas y los estudios
rigurosos que confirman que existen nuevas formas de organizar nuestro
proyecto social, y que no están cerrados los abanicos de oportunidades.
En esta nueva forma de gestión, la sociedad civil debe tener mayor peso (en el diseño, organización y en la gestión). Debemos replantear la relación entre lo público, lo privado (el mercado) y lo social (lo voluntario, sin fin lucrativo…). Una agenda donde no participen únicamente los actores tradicionales (Gobierno, empresarios y sindicatos) sino abierta a los nuevos movimientos sociales, expresión de enriquecedoras formas de ciudadanía, y a las organizaciones del Tercer Sector, especialistas en crear puentes y mantener la cohesión social de nuestro país. Esto no es posible sin el fortalecimiento de los valores cívicos de la sociedad civil, capaz de construir y reivindicar unas instituciones verdaderamente éticas y democráticas, que se hagan cargo de los más vulnerables como prioridad para construir un verdadero desarrollo desde el bien común:
·
Tomar decisiones políticas concretas (diseño y planificación, puesta
en marcha de ajustes presupuestarios…) evaluadas en
términos de equidad.
·
Priorizar aquellas medidas políticas que suponen una mejora en las
condiciones de vida de los más pobres.
